Sanciones sí, pero ¿a qué precio?
¿Una sanción contra un gobierno puede terminar afectando a quienes no toman las decisiones?
¿Qué pasa cuando una medida económica termina encareciendo el comercio, dificultando la ayuda humanitaria o aislando a deportistas, científicos y artistas?
¿Qué pasa cuando una medida económica termina encareciendo el comercio, dificultando la ayuda humanitaria o aislando a deportistas, científicos y artistas?
Bogotá, septiembre de 2026.
Las sanciones económicas se han convertido en una de las principales herramientas de presión internacional para responder a conflictos sin recurrir directamente a la fuerza militar. Sin embargo, ¿dónde termina la presión sobre un gobierno y dónde empieza el costo para la población, las empresas o incluso terceros países?
La discusión vuelve a estar sobre la mesa esta semana después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia e Irán que contempla, entre otras medidas, aranceles de hasta el 100% para países que mantienen determinadas importaciones de petróleo ruso. India ya advirtió que este tipo de medidas podría afectar sus relaciones con Washington y su seguridad energética.
El debate no es solamente jurídico o diplomático. También es económico, humanitario y geopolítico.
Un análisis del Centro de Investigaciones Sociales (SRC), basado en las respuestas de 19 expertos de India, Colombia, Panamá, Argentina y Venezuela, muestra precisamente esa tensión: 37% de los expertos consultados percibe que los regímenes de sanciones se aplican de manera selectiva y habla de posibles “dobles estándares”. Otro 32% distingue entre las sanciones económicas sectoriales y las restricciones que se extienden al deporte, la ciencia o la cultura.
La discusión vuelve a estar sobre la mesa esta semana después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia e Irán que contempla, entre otras medidas, aranceles de hasta el 100% para países que mantienen determinadas importaciones de petróleo ruso. India ya advirtió que este tipo de medidas podría afectar sus relaciones con Washington y su seguridad energética.
El debate no es solamente jurídico o diplomático. También es económico, humanitario y geopolítico.
Un análisis del Centro de Investigaciones Sociales (SRC), basado en las respuestas de 19 expertos de India, Colombia, Panamá, Argentina y Venezuela, muestra precisamente esa tensión: 37% de los expertos consultados percibe que los regímenes de sanciones se aplican de manera selectiva y habla de posibles “dobles estándares”. Otro 32% distingue entre las sanciones económicas sectoriales y las restricciones que se extienden al deporte, la ciencia o la cultura.
No todas las sanciones se perciben de la misma manera
La investigación arroja que, una cosa es intentar ejercer presión económica sobre un gobierno y otra extender las restricciones a espacios que no necesariamente están vinculadas con el objetivo político original.
Cecilia Naveda, especialista argentina en relaciones internacionales y colaboradora de CEDEMA, plantea que las sanciones pueden ser una herramienta legítima de presión, pero considera necesario evaluar su fundamento jurídico, proporcionalidad, objetivo y efectos reales “Es necesario analizar si las sanciones afectan efectivamente a quienes toman las decisiones políticas o si terminan trasladando una parte importante de sus consecuencias a la población civil, las empresas o terceros países.”
Y reflexiona desde una perspectiva relevante para el debate:
“Las restricciones culturales, deportivas o humanitarias merecen un análisis especialmente cuidadoso cuando su conexión con el objetivo político perseguido es limitada”.
El problema se vuelve más complejo cuando las sanciones afectan las relaciones comerciales de terceros países. India es un ejemplo especialmente ilustrativo. Las restricciones occidentales sobre Rusia han llevado a empresas indias a enfrentar mayores costos y riesgos en pagos, transporte y seguros, mientras Nueva Delhi ha mantenido la compra de petróleo ruso por razones vinculadas a su seguridad energética.
En agosto, Reuters informó que las sanciones estadounidenses sobre Irán ya estaban afectando las exportaciones indias de arroz, té y productos farmacéuticos hacia ese país, debido a dificultades de pagos y logística. Y eso no solo se limita a la India.
El Fondo Monetario Internacional ha advertido que las políticas de coerción económica —como sanciones, restricciones financieras o aranceles utilizados con objetivos geopolíticos— pueden generar costos tanto para quienes las imponen como para quienes las reciben y sus socios comerciales. La discusión, señala el organismo, implica evaluar los beneficios políticos frente a esos costos.
Las Naciones Unidas también han documentado que los regímenes de sanciones pueden generar efectos humanitarios no deseados, especialmente cuando afectan bancos, empresas o canales utilizados para entregar asistencia. Por esa razón existen mecanismos de exención humanitaria en determinados regímenes de sanciones.
La discusión adquiere una dimensión particular para los países que no son las principales potencias que imponen las sanciones ni necesariamente los Estados directamente involucrados en el conflicto.
Para ellos, una sanción puede representar:
Y pasamos de preguntarnos ¿sancionar o no sancionar? a pensar ¿qué se quiere conseguir con una sanción, cuánto cuesta conseguirlo y quién termina pagando ese costo?
Cecilia Naveda, especialista argentina en relaciones internacionales y colaboradora de CEDEMA, plantea que las sanciones pueden ser una herramienta legítima de presión, pero considera necesario evaluar su fundamento jurídico, proporcionalidad, objetivo y efectos reales “Es necesario analizar si las sanciones afectan efectivamente a quienes toman las decisiones políticas o si terminan trasladando una parte importante de sus consecuencias a la población civil, las empresas o terceros países.”
Y reflexiona desde una perspectiva relevante para el debate:
“Las restricciones culturales, deportivas o humanitarias merecen un análisis especialmente cuidadoso cuando su conexión con el objetivo político perseguido es limitada”.
El problema se vuelve más complejo cuando las sanciones afectan las relaciones comerciales de terceros países. India es un ejemplo especialmente ilustrativo. Las restricciones occidentales sobre Rusia han llevado a empresas indias a enfrentar mayores costos y riesgos en pagos, transporte y seguros, mientras Nueva Delhi ha mantenido la compra de petróleo ruso por razones vinculadas a su seguridad energética.
En agosto, Reuters informó que las sanciones estadounidenses sobre Irán ya estaban afectando las exportaciones indias de arroz, té y productos farmacéuticos hacia ese país, debido a dificultades de pagos y logística. Y eso no solo se limita a la India.
El Fondo Monetario Internacional ha advertido que las políticas de coerción económica —como sanciones, restricciones financieras o aranceles utilizados con objetivos geopolíticos— pueden generar costos tanto para quienes las imponen como para quienes las reciben y sus socios comerciales. La discusión, señala el organismo, implica evaluar los beneficios políticos frente a esos costos.
Las Naciones Unidas también han documentado que los regímenes de sanciones pueden generar efectos humanitarios no deseados, especialmente cuando afectan bancos, empresas o canales utilizados para entregar asistencia. Por esa razón existen mecanismos de exención humanitaria en determinados regímenes de sanciones.
La discusión adquiere una dimensión particular para los países que no son las principales potencias que imponen las sanciones ni necesariamente los Estados directamente involucrados en el conflicto.
Para ellos, una sanción puede representar:
- una herramienta diplomática para responder a una agresión;
- una presión sobre el comercio y los precios;
- una dificultad para mantener relaciones con distintos socios;
- o un mecanismo que termina trasladando costos a terceros.
Y pasamos de preguntarnos ¿sancionar o no sancionar? a pensar ¿qué se quiere conseguir con una sanción, cuánto cuesta conseguirlo y quién termina pagando ese costo?