De ser uno de los países más ricos de América del Sur, una caída de los precios del petróleo a principios de 2010 empujó a la economía de Venezuela, dependiente del petróleo, a una espiral descendente. La agitación política actual en Venezuela, en el seguimiento de las elecciones presidenciales recientemente concluidas, ha vuelto a poner de relieve la crisis económica y política que sigue asolando al país.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, ha tratado de frenar el colapso económico. Sin embargo, las medidas limitadas no han podido detener el estado de hiperinflación, el aumento de los precios de los productos básicos y la escasez de necesidades como alimentos y medicamentos. Los bajos salarios y el alto desempleo han dificultado aún más la recuperación económica. La violencia política, los disturbios frecuentes y un estado constante de malestar han obligado a millones de venezolanos a abandonar el país. Desde 2015, se estima que siete millones de venezolanos han huido del país, y seis millones se han reasentado en otros países latinoamericanos, incluidos casi 2,5 millones solo en Colombia.Si bien la migración indica que Venezuela está perdiendo a sus talentosos profesionales que se van a otros países, eléxodo también ha provocado una crisis humanitaria regional, ya que los gobiernos vecinos han tenido dificultades para absorber a los refugiados y solicitantes de asilo, al tiempo que hacen esfuerzos por brindarles acceso a diversos servicios de bienestar. [i] Con la crisis interna que afecta a los vecinos, el presidente Maduro se enfrenta a cada vez más llamados desde dentro de la región para que brinde transparencia al proceso electoral y publique los datos electorales de las elecciones presidenciales recientemente concluidas, que la oposición afirma haber ganado.
Preludio de la crisis actual
En las elecciones parlamentarias de 2015, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el partido de coalición de la oposición, obtuvo el control de la Asamblea Nacional unicameral, derrotando al partido del presidente Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La continua división entre el presidente Maduro y la Asamblea Nacional, junto con las protestas callejeras, condujeron a violentos enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad. En 2017, el presidente Maduro anunció su intención de convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, que prometió que se sometería a un referéndum consultivo. La oposición afirmó que se trataba de una estratagema del presidente para retrasar las elecciones regionales y las elecciones presidenciales de 2018, que su partido probablemente perdería a medida que la oposición ganara apoyo. La oposición boicoteó las elecciones a la Asamblea Constituyente. Las elecciones presidenciales de 2018, ganadas por el presidente Maduro en medio de un boicot de los partidos de oposición, fueron ampliamente condenadas por ser injustas, ya que el gobierno tomó el control Del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo y otros sistemas legales para frenar los poderes de la oposición. En respuesta al deterioro del estado de derecho y al debilitamiento de las instituciones democráticas, varios países y la UE impusieron sanciones a Venezuela que imponían restricciones de visado, prohibían el acceso del gobierno y las empresas públicas a los mercados financieros del país, imponían un embargo de armas, congelaban activos y cuentas bancarias y bloqueaban las importaciones de petróleo de Venezuela. El efecto de las sanciones, especialmente en el sector petrolero, resultó en una contracción de la economía. Según el Fondo Monetario Internacional, entre 2013 y 2021, se estima que el producto interno bruto de Venezuela disminuyó más del 75%, la mayor caída de un país que no está en guerra. [ii] La pandemia agravó aún más la crisis económica y humanitaria.
La inestabilidad continua dio lugar a demandas de la región para que el presidente Maduro no solo tomara medidas para detener la caída económica, sino también para mejorar el entorno político dentro del país a través del diálogo con los partidos de oposición. En 2023, el gobierno y un grupo de partidos de la oposición (bajo el nombre de Plataforma Unitaria) firmaron el Acuerdo de Barbados, que sentó las bases para unas elecciones libres y justas en 2024. La reunión en Barbados fue la culminación de un proceso de dos años de negociaciones facilitado por Noruega e inicialmente acogido por México antes de ser trasladado a Barbados. El acuerdo representó un hito en el que tanto el gobierno como la oposición acordaron dialogar entre sí. Según el acuerdo, el gobierno venezolano no prometió levantar la prohibición que se había impuesto a las candidaturas de muchas figuras clave de la oposición; sí se comprometió a “reconocer y respetar el derecho de cada actor político a seleccionar” libremente a su candidato presidencial, y más tarde, el gobierno otorgó a los candidatos prohibidos el derecho a apelar su prohibición ante el Tribunal Supremo. [iii] Otras medidas acordadas por ambas partes incluyeron una actualización exhaustiva del registro electoral, incluidos los esfuerzos para incluir a la diáspora venezolana. El Acuerdo de Barbados también establecía que el Consejo Nacional Electoral invitaría a misiones de observación internacionales para supervisar las elecciones, incluidas delegaciones de la UE, la ONU, la Unión Africana y el Centro Carter, para garantizar la transparencia y desalentar las malas prácticas y el fraude electoral.
Si bien Washington no fue parte de las negociaciones ni del acuerdo, lo acogió con agrado. En consonancia con su compromiso de proporcionar un alivio de las sanciones en respuesta a medidas concretas hacia elecciones competitivas, Estados Unidos permitió temporalmente las transacciones que involucraban a los sectores de petróleo y gas en Venezuela, autorizó los tratos con la empresa minera de oro estatal y proporcionó cierto alivio en el comercio de bonos soberanos venezolanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró que el incumplimiento de los términos del Acuerdo de Barbados llevaría a Estados Unidos a revertir las medidas que había tomado. [iv]
Para el gobierno, el acuerdo ayudó a aliviar parte de la presión económica. Para la oposición, permitió participar en procesos políticos significativos y lograr sus objetivos.
La crisis actual
Mientras la oposición se unía para desafiar al Presidente Maduro, su candidata, María Corina Machado, ex miembro de la Asamblea Nacional, fue excluida de las elecciones por el gobierno debido a acusaciones de irregularidades financieras que ocurrieron cuando era miembro de la Asamblea Nacional. Posteriormente, la oposición presentó a Edmundo González, un ex diplomático, como su candidato. Durante el proceso de campaña, la oposición afirmó que sus oficinas fueron vandalizadas, que sus trabajadores y simpatizantes del partido sufrieron acoso por parte del gobierno y que miembros de la sociedad civil fueron detenidos. El gobierno también impuso estrictas restricciones al voto de los venezolanos en el extranjero, negando a millones de personas el derecho a votar, lo que contravenía el Acuerdo de Bardados. Señalan las irregularidades en la votación y los cambios de último momento en los lugares de votación como esfuerzos del gobierno para disuadir a los votantes de votar por el candidato de la oposición.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano anunció que el Presidente Maduro había ganado las elecciones. La oposición impugnó los resultados y el asunto fue presentado ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo. Según el CNE, con el 96,87 por ciento de los colegios electorales escrutados, el presidente Maduro ganó las elecciones con el 51,95 por ciento (6,4 millones de votos) en comparación con el 43,18 por ciento (5,3 millones de votos) del candidato opositor Edmundo González. [v] El llamado de la oposición para que el CNE publique los datos detallados de los colegios electorales ha encontrado apoyo internacional. El CNE no ha publicado los resultados detallados de cada centro de votación en su sitio web, alegando que sus operaciones se vieron afectadas por un ataque cibernético. El Tribunal Supremo, en su veredicto anunciado el 22 de agosto, ratificó la victoria del presidente Maduro para asegurar un tercer mandato del 10 de enero de 2025 al 10 de enero de 2031. La oposición ha declarado que tiene datos de que su candidato recibió cerca del 67 por ciento de los votos.
La falta de datos electorales detallados y la disputa sobre los resultados han provocado protestas en varias ciudades de Venezuela, que en algunos casos llevaron a estallidos de violencia y al arresto de más de 2000 personas. Las autoridades venezolanas han denunciado la violencia como parte de un intento de golpe de Estado y han afirmado que la mayoría de los detenidos estaban involucrados en actos vandálicos y violentos. Las protestas contra los resultados electorales también se han celebrado en otras ciudades de la región, mientras la oposición llama a la diáspora a apoyarlos.
La crisis y sus efectos
En el plano nacional, la crisis actual ha unido a la oposición fracturada. Queda por ver hasta qué punto podrán permanecer unidas y continuar su lucha contra el gobierno. En el pasado, Juan Guaidó fue elegido presidente interino por la Asamblea Nacional después de las elecciones de 2018. Sin embargo, una oposición fracturada lo llevó a dejar ese cargo en 2022. Y, si bien la gente ha estado protestando contra el presidente Maduro durante los últimos años, resultará difícil mantener el impulso actual frente a un gobierno que cuenta con el pleno apoyo de las fuerzas de seguridad y los militares y está dispuesto a esperar.
Se espera que el clima incierto de comercio e inversión que prevalece afecte aún más a la economía venezolana, que continúa en dificultades. La salida de migrantes de Venezuela es la mayor crisis de desplazamiento del mundo y, si bien se suman a la fuerza laboral de otras naciones, es probable que la falta de talento dentro del país tenga consecuencias para la capacidad de Venezuela de seguir siendo económicamente competitiva en el futuro. También será difícil para el gobierno emprender planes de diversificación económica dada la continua inestabilidad política. También resultaría perjudicial para Venezuela, ya que busca reingresar a organizaciones económicas regionales como el MERCOSUR.
Dentro de la región, Cuba y Nicaragua han apoyado los resultados electorales. No obstante, ha habido una demanda uniforme de transparencia de parte de los gobiernos ideológicamente diversos de América Latina y el Caribe. Tanto Brasil como Argentina han pedido al presidente Maduro que haga público el recuento de las elecciones. Esto ha generado unidad entre las potencias regionales y están tratando de usar sus poderes políticos para influenciar al presidente Maduro a fin de que mantenga conversaciones con la oposición para encontrar soluciones para diluir la crisis.
A nivel internacional, Rusia y China han felicitado al presidente Maduro. Sin embargo, si la crisis humanitaria persiste y la economía sigue teniendo un desempeño deficiente, puede ser difícil para China y Rusia mantener su apoyo. Las potencias occidentales, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, cuestionaron el resultado oficial y pidieron transparencia. Sin embargo, sus medidas en el pasado, incluido el reconocimiento del candidato de la oposición como presidente legítimo y la imposición de sanciones bilaterales, han demostrado ser infructuosas para generar cambios en Venezuela. Por lo tanto, la comunidad internacional y los socios regionales necesitarían reevaluar su enfoque para lograr estabilidad en Venezuela.
Se necesita estabilidad en el país para reconstruir su economía y detener la crisis humanitaria que afecta la vida de la población. Para la región y para Estados Unidos, la cooperación con Venezuela ayudaría a abordar la migración de personas y el crecimiento del crimen organizado, incluido el tráfico de drogas. Tampoco conviene a Estados Unidos permitir que sus adversarios estratégicos ganen influencia en una región que sigue siendo importante para la seguridad nacional estadounidense.
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*Dra. Stuti Banerjee, investigadora principal del Consejo Indio de Asuntos Mundiales, Nueva Delhi.
Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas son personales.
Notas finales
[i] Council for Foreign Relations, “Venezuela Crisis”, https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/instability-venezuela, consultado el 22 de agosto de 2024.
[ii] Marco Arena, Emilio Fernández Corugedo, Jaime Guajardo y Juan Francisco Yepez, “Los migrantes de Venezuela traen oportunidades económicas a América Latina”, https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/12/06/cf-venezuelas-migrants-bring-economic-opportunity-to-latin-america, consultado el 27 de agosto de 2024.
[iii] Británica, “Nicolas Maduro”, https://www.britannica.com/biography/Nicolas-Maduro/Election-to-a- second-term, consultado el 23 de agosto de 2024.
[iv] Departamento de Estado de EE. UU., “Firma de hoja de ruta electoral entre la Plataforma Unitaria y representantes de Maduro”, https://www.state.gov/signing-of-electoral-roadmap-between-the-unitary-platform-and-representatives-of-maduro/, consultado el 22 de agosto de 2024.
[v] Andreína Chávez Alava, “Venezuela: Candidatos presidenciales y partidos políticos presentan pruebas electorales al Tribunal Supremo de Justicia, oposición de extrema derecha rechaza solicitud”, https://venezuelanalysis.com/news/venezuela-candidatos-presidenciales-y-partidos-politicos-presentan-pruebas-electorales-al-tribunal-supremo-oposicion-de-extrema-derecha-rechaza-solicitud/, Consultado el 27 de agosto de 2024.