La disputa por el género en la educación sexual en Perú: ¿quién decide qué y cómo se enseña?
- Stephano Martelcomunicador social y periodista, con amplio interés en temas sociales y realidad nacional
Perú realizó un cambio en la enseñanza de la educación sexual a los escolares. El Congreso aprobó la Ley N°32535 que deroga la Educación Sexual Integral (ESI), vigente desde 2021, por un nuevo modelo denominado Educación Sexual con base científica, biológica y ética. Posteriormente, el Ministerio de Educación aprobó, mediante la Resolución Viceministerial N.º 085-2026-MINEDU, los nuevos lineamientos y eliminó formalmente lo establecido por la ESI.
El nuevo modelo de la educación sexual se implementará dentro del Currículo Nacional y entrará en vigor en diciembre del 2026 a colegios públicos y privados.
¿De qué trata este cambio?
El documento con los lineamientos de la ESI, aprobados en 2021, planteaba la sexualidad como una dimensión integral y humana de la persona. Entre sus objetivos se encontraba que los estudiantes conocieran y valoraran su cuerpo, desarrollaran su identidad, establecieran relaciones afectivas saludables y adquirieran herramientas para tomar decisiones responsables. También contemplaba la prevención de la violencia, el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, el VIH, la discriminación y los estereotipos de género.
El nuevo modelo mantiene algunos de estos objetivos, especialmente aquellos relacionados con la prevención, el cuidado, la responsabilidad y la protección de los estudiantes; sin embargo, los organiza desde otro marco conceptual. Según el despacho de la congresista Milagros Jáuregui, autora de esta ley, la educación sexual con base científica, biológica y ética enfatiza ''una visión científica de la sexualidad, el reconocimiento de la biología humana, la postergación del inicio temprano de relaciones sexuales y las relaciones responsables y estables''.
En consecuencia, no se trata en definitiva la eliminación de la educación sexual ni de cambios en la enseñanza de prevención, protección y derechos sexuales, sino en un cambio de enfoque. Y es precisamente en ese cambio de enfoque donde aparece una de las principales controversias: el tratamiento del género.
La nueva legislación establece como eje la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mientras que los lineamientos de ESI de 2021 incorporaban explícitamente el enfoque de igualdad de género. En el documento anterior, este enfoque estaba relacionado con la prevención de estereotipos, la igualdad, la no discriminación y el desarrollo de relaciones respetuosas.
Los defensores del nuevo modelo consideran que la modificación permite recuperar una educación sexual centrada en la biología, reconociendo exclusivamente la enseñanza a mujeres y hombres. En cambio, sus críticos consideran que reducir la temática del enfoque de género alimentaría problemáticas como las desigualdades sociales, estereotipos y situaciones de discriminación.
Ahora bien, ¿qué consecuencias tendrá realmente este cambio en las aulas?, ¿cómo serán abordadas las situaciones de acoso o violencia relacionadas con el sexo, la orientación sexual o la identidad de género?, ¿qué contenidos recibirán los estudiantes y cómo serán adaptados a sus diferentes edades y contextos?
Estas preguntas adquieren importancia cuando una comunidad grande y de gran relevancia se encuentra involucrada: la población LGBTIQ+. Según Ipsos, una encuesta realizada en 2019 estimó que más de 1,7 millones de adultos peruanos, se identificaban como no heterosexuales. La misma investigación encontró que el 71% de los peruanos consideraba que la población LGBT sufría discriminación en el país. En el 2025, esta misma encuestadora, afirmó que el 59% de los peruanos reconocía la existencia de discriminación contra las personas LGBTIQA+.
Estos datos refuerzan a idea de que la discriminación es una realidad social que cualquier política educativa debe considerar.
La nueva normativa establece medidas relacionadas con la igualdad y la prohibición de la discriminación. Sin embargo, será necesario observar si estas garantías se traducen en herramientas concretas para que los colegios puedan prevenir y atender situaciones de violencia, acoso o exclusión.
Otro elemento fundamental es la participación de las familias. Los lineamientos de ESI de 2021 ya reconocían a los padres como actores importantes dentro de la educación sexual. La diferencia está en el énfasis que introduce el nuevo marco: la Ley N.º 32535 refuerza de manera más explícita la participación de los padres o tutores en el proceso educativo, incorporando sus convicciones morales y su libertad de conciencia.
Esto genera un nuevo planteamiento: ¿hasta dónde puede llegar la participación familiar y dónde comienza la responsabilidad del Estado de garantizar un contenido educativo común para todos los estudiantes?
En Perú conviven distintas culturas, tradiciones y creencias religiosas, lo cual vuelve la discusión todavía más compleja. Los nuevos lineamientos establecen que la educación sexual debe considerar el contexto sociocultural de los estudiantes. Esto significa reconocer que las familias y comunidades tienen características propias que difícilmente pueden ser tratadas en un único sistema cultural.
Así pues, aunque una comunidad conserve determinadas tradiciones y una familia pueda transmitir valores morales o religiosos a sus hijos, es el Estado el que debe establecer límites y garantizar que todos los estudiantes reciban los conocimientos fundamentales para comprender su cuerpo, prevenir riesgos y proteger su integridad.
La participación de las comunidades ayuda a la educación a incorporar sus características sociales y culturales; pero esa participación debe estar alineada e ir de la mano con estándares que garanticen la protección y el bienestar de todos los estudiantes.
El debate peruano no se da de una manera aislada. América Latina lleva años discutiendo las formas del concepto de la Educación Integral de la Sexualidad. Existen países que han consolidado modelos integrales y otros donde persisten controversias sobre género, diversidad, familia y religión. Argentina y Uruguay, por ejemplo, son países donde la educación sexual integral alcanzó una importante institucionalización, mientras que otros países, como Brasil, Chile y Paraguay, han experimentado modificaciones, restricciones o debates políticos alrededor de estos contenidos de género y diversidad.
En este contexto, es indispensable señalar que, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en Latinoamérica, a 2021, en 16 de 19 países la Educación Sexual Integral era obligatoria en los colegios. A partir del 2023, el número de países con la ESI descendió de 15 de 19 a 12 de 17.
Perú se incorpora a este último camino mediante un cambio particular: no elimina la educación sexual, sino que reemplaza la ESI de 2021 por un modelo basado en criterios científicos, biológicos y éticos.
La educación sexual continuará siendo un tema abierto porque involucra dimensiones científicas, familiares, culturales, éticas y religiosas que moldean constantemente el marco de la enseñanza. La evidencia científica debe ser una referencia fundamental para determinar qué conocimientos contribuyen a la salud, la prevención y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
No obstante, se debe tener en cuenta que la aplicación de esos conocimientos ocurre dentro de una sociedad diversa, en la que existen distintas concepciones sobre la familia, la sexualidad, los valores y la educación.
El nuevo modelo recién comienza su implementación y será su aplicación en las aulas la que permita evaluar sus resultados.
El verdadero desafío para Perú será encontrar un equilibrio entre la evidencia científica, la participación de las familias, la diversidad cultural y las distintas convicciones existentes en la sociedad, sin perder de vista aquello que debe ser una prioridad para todos: el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir información rigurosa, prevenir riesgos, estar protegidos frente a la violencia y desarrollar capacidades para tomar decisiones responsables.
El nuevo modelo de la educación sexual se implementará dentro del Currículo Nacional y entrará en vigor en diciembre del 2026 a colegios públicos y privados.
¿De qué trata este cambio?
El documento con los lineamientos de la ESI, aprobados en 2021, planteaba la sexualidad como una dimensión integral y humana de la persona. Entre sus objetivos se encontraba que los estudiantes conocieran y valoraran su cuerpo, desarrollaran su identidad, establecieran relaciones afectivas saludables y adquirieran herramientas para tomar decisiones responsables. También contemplaba la prevención de la violencia, el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, el VIH, la discriminación y los estereotipos de género.
El nuevo modelo mantiene algunos de estos objetivos, especialmente aquellos relacionados con la prevención, el cuidado, la responsabilidad y la protección de los estudiantes; sin embargo, los organiza desde otro marco conceptual. Según el despacho de la congresista Milagros Jáuregui, autora de esta ley, la educación sexual con base científica, biológica y ética enfatiza ''una visión científica de la sexualidad, el reconocimiento de la biología humana, la postergación del inicio temprano de relaciones sexuales y las relaciones responsables y estables''.
En consecuencia, no se trata en definitiva la eliminación de la educación sexual ni de cambios en la enseñanza de prevención, protección y derechos sexuales, sino en un cambio de enfoque. Y es precisamente en ese cambio de enfoque donde aparece una de las principales controversias: el tratamiento del género.
La nueva legislación establece como eje la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mientras que los lineamientos de ESI de 2021 incorporaban explícitamente el enfoque de igualdad de género. En el documento anterior, este enfoque estaba relacionado con la prevención de estereotipos, la igualdad, la no discriminación y el desarrollo de relaciones respetuosas.
Los defensores del nuevo modelo consideran que la modificación permite recuperar una educación sexual centrada en la biología, reconociendo exclusivamente la enseñanza a mujeres y hombres. En cambio, sus críticos consideran que reducir la temática del enfoque de género alimentaría problemáticas como las desigualdades sociales, estereotipos y situaciones de discriminación.
Ahora bien, ¿qué consecuencias tendrá realmente este cambio en las aulas?, ¿cómo serán abordadas las situaciones de acoso o violencia relacionadas con el sexo, la orientación sexual o la identidad de género?, ¿qué contenidos recibirán los estudiantes y cómo serán adaptados a sus diferentes edades y contextos?
Estas preguntas adquieren importancia cuando una comunidad grande y de gran relevancia se encuentra involucrada: la población LGBTIQ+. Según Ipsos, una encuesta realizada en 2019 estimó que más de 1,7 millones de adultos peruanos, se identificaban como no heterosexuales. La misma investigación encontró que el 71% de los peruanos consideraba que la población LGBT sufría discriminación en el país. En el 2025, esta misma encuestadora, afirmó que el 59% de los peruanos reconocía la existencia de discriminación contra las personas LGBTIQA+.
Estos datos refuerzan a idea de que la discriminación es una realidad social que cualquier política educativa debe considerar.
La nueva normativa establece medidas relacionadas con la igualdad y la prohibición de la discriminación. Sin embargo, será necesario observar si estas garantías se traducen en herramientas concretas para que los colegios puedan prevenir y atender situaciones de violencia, acoso o exclusión.
Otro elemento fundamental es la participación de las familias. Los lineamientos de ESI de 2021 ya reconocían a los padres como actores importantes dentro de la educación sexual. La diferencia está en el énfasis que introduce el nuevo marco: la Ley N.º 32535 refuerza de manera más explícita la participación de los padres o tutores en el proceso educativo, incorporando sus convicciones morales y su libertad de conciencia.
Esto genera un nuevo planteamiento: ¿hasta dónde puede llegar la participación familiar y dónde comienza la responsabilidad del Estado de garantizar un contenido educativo común para todos los estudiantes?
En Perú conviven distintas culturas, tradiciones y creencias religiosas, lo cual vuelve la discusión todavía más compleja. Los nuevos lineamientos establecen que la educación sexual debe considerar el contexto sociocultural de los estudiantes. Esto significa reconocer que las familias y comunidades tienen características propias que difícilmente pueden ser tratadas en un único sistema cultural.
Así pues, aunque una comunidad conserve determinadas tradiciones y una familia pueda transmitir valores morales o religiosos a sus hijos, es el Estado el que debe establecer límites y garantizar que todos los estudiantes reciban los conocimientos fundamentales para comprender su cuerpo, prevenir riesgos y proteger su integridad.
La participación de las comunidades ayuda a la educación a incorporar sus características sociales y culturales; pero esa participación debe estar alineada e ir de la mano con estándares que garanticen la protección y el bienestar de todos los estudiantes.
El debate peruano no se da de una manera aislada. América Latina lleva años discutiendo las formas del concepto de la Educación Integral de la Sexualidad. Existen países que han consolidado modelos integrales y otros donde persisten controversias sobre género, diversidad, familia y religión. Argentina y Uruguay, por ejemplo, son países donde la educación sexual integral alcanzó una importante institucionalización, mientras que otros países, como Brasil, Chile y Paraguay, han experimentado modificaciones, restricciones o debates políticos alrededor de estos contenidos de género y diversidad.
En este contexto, es indispensable señalar que, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en Latinoamérica, a 2021, en 16 de 19 países la Educación Sexual Integral era obligatoria en los colegios. A partir del 2023, el número de países con la ESI descendió de 15 de 19 a 12 de 17.
Perú se incorpora a este último camino mediante un cambio particular: no elimina la educación sexual, sino que reemplaza la ESI de 2021 por un modelo basado en criterios científicos, biológicos y éticos.
La educación sexual continuará siendo un tema abierto porque involucra dimensiones científicas, familiares, culturales, éticas y religiosas que moldean constantemente el marco de la enseñanza. La evidencia científica debe ser una referencia fundamental para determinar qué conocimientos contribuyen a la salud, la prevención y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
No obstante, se debe tener en cuenta que la aplicación de esos conocimientos ocurre dentro de una sociedad diversa, en la que existen distintas concepciones sobre la familia, la sexualidad, los valores y la educación.
El nuevo modelo recién comienza su implementación y será su aplicación en las aulas la que permita evaluar sus resultados.
El verdadero desafío para Perú será encontrar un equilibrio entre la evidencia científica, la participación de las familias, la diversidad cultural y las distintas convicciones existentes en la sociedad, sin perder de vista aquello que debe ser una prioridad para todos: el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir información rigurosa, prevenir riesgos, estar protegidos frente a la violencia y desarrollar capacidades para tomar decisiones responsables.
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